Desde hace más de una década América Latina es epicentro de una nueva ola de procesos sociopolíticos de carácter contrahegemónico, con variados grados de conflicto con el capitalismo y con la concepción restringida de la democracia representativa liberal. Estos procesos, que inicialmente habitaron los espacios de la militancia social y política en nuestra América, terminaron convirtiéndose en experiencias de gobierno. Como la seguridad ciudadana se ha erigido en tema central en la agenda pública en nuestro continente, así como a nivel mundial, estas fuerzas progresistas que ahora son gobierno se ven obligadas a pensar y dar respuestas eficaces, pero fundamentalmente acordes con los postulados que venían sosteniendo, siempre signados por la denuncia a violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y otros agentes del sistema de administración de justicia. El caso de la Revolución Bolivariana se erige como una de las primeras experiencias de gobierno progresista a partir de una crítica a las políticas de carácter neoliberal signadas por el Consenso de Washington. Será seguida en otros países con la llegada de proyectos de izquierda, progresistas, nacionales y populares. Todos estos proyectos fueron herederos de altas tasas delictivas, de una sensación de inseguridad ciudadana creciente, junto a un comportamiento estatal inercial signado por “operativos” policiales de mano dura y medidas de muy corto plazo inscritas en la necesidad de dar respuestas urgentes e inmediatas a demandas imperiosas realizadas por la ciudadanía
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